El senador Matías Walker, impulsor de la normativa, adelantó que en abril «presentaremos una suerte de ‘Devuélveme mi casa 2.0’, especialmente en el caso de los precarios que es cuando hay ocupación del inmueble».

En junio de 2022, se aprobó la ley «Devuélveme mi casa», que apunta a acelerar del desalojo de los arrendatarios rebeldes. Sin embargo, hasta ahora, la norma genera cuestionamientos.

La iniciativa -promovida por el exdiputado Gonzalo Fuenzalida y los hoy senadores Matías Walker y Paulina Núñez– facilita la restitución de los inmuebles a sus dueños cuando incumplen acuerdos contractuales y daños, además de quienes hacen ocupación ilegal de una casa ajena. Pueden acreditar la falta, y según la ley, la expulsión se realiza «con auxilio de la fuerza pública si fuere necesario». 

En el mes de marzo, se realizó el desalojo de 11 departamentos del edificio Shakira Tower, ubicado en Conferencia con Toesca, que hace tres años estaban tomados. El teniente coronel Robinson Villarroel, a cargo de la intervención junto a otros efectivos, comentó que la mayoría de los departamentos intervenidos estaban siendo ocupados por familias y personas extranjeras, principalmente por venezolanos y peruanos. La normativa permitió el desalojo.

El senador Walker, uno de los autores de la iniciativa, valoró la efectividad de la ley. En conversación con Radio Pauta señaló que «en todo caso, vamos a complementarla, y presentaremos una suerte de ‘Devuélveme mi casa 2.0’, especialmente en el caso de los precarios que es cuando hay ocupación del inmueble, por permiso del propietario pero sin que medie contrato de arriendo, porque ahí es más difícil que los tribunales accedan a la medida». El parlamentario dijo que las indicaciones se presentarán en abril.

La demanda deberá señalar, entre otros antecedentes, las cuentas por gastos comunes y de consumo adeudadas. A ello se suma la solicitud para que el deudor, dentro de un plazo de 10 días corridos, pague las rentas y las mencionadas deudas. Si el deudor no cancela o no comparece, se le condenará a pagar la deuda reclamada y se dispondrá su desalojo y el de cualquier otro ocupante del inmueble en un plazo no superior a 10 días.

Walker detalló que la normativa se aplica a los gastos comunes porque la ley habla de «otros gastos» y el propósito del legislador fue que se aplique a todos.  

El socio de AGPP Abogados y miembro del directorio de Transparencia Internacional, Alberto Precht, sostuvo a Radio Pauta que desde que se implementó la ley «los tiempos de restitución se redujeron considerablemente, entre dos meses la más rápida y seis la que ha demorado más» -antes era de 1 a 2 años-. Entre las dificultades consideró que están «la ausencia de receptores judiciales o la dificultad para notificar, también la coordinación con carabineros si no ha dejado la propiedad. Eso puede demorar meses».

A su juicio, otro de los problemas es que «sigue siendo muy dificultoso el cobro de las deudas que se generaron por el no pago de arrendamiento o por los daños que se pueden haber generado en la vivienda o el local comercial. Ese es un camino mucho más largo».

Para el diputado Héctor Ulloa, miembro de la comisión de Vivienda de la Cámara, «la ley ha sido un instrumento eficaz para terminar con largas tramitaciones de juicios de arriendo, por no pago de las rentas, lo que se ha traducido en una mejor justicia». En conversación con Radio Pauta, el parlamentario afirmó que, de todas formas, «es necesario reforzar el derecho de propiedad a través de mejorar el delito de usurpación que está muy relacionado con esta ley, y además mejorar el pago de servicios básicos, que son las cuentas que quedan tras el desalojo de un arriendo inmueble». Para él, sería un «lindo broche de oro» para mejorar esta ley.   

Uno de los problemas que han debido enfrentar, a juicio de Precht, «ha sido con la numeración de las casas, la cual se cambia, y eso genera problemas para identificar la propiedad y también hay algunos tribunales que han interpretado mal cuando se habla de sucesiones que quieren recuperar».   

Problemas que, seguramente, se van a conversar cuando ingresen las indicaciones para la ley «Devuélveme mi casa 2.0».